La acción fue presentada por consejeros regionales de Republicanos y la UDI, quienes acusan al gobernador de eventuales faltas a la probidad y notable abandono de deberes.

El requerimiento contempla 27 acusaciones, entre ellas cuestionamientos por el uso de más de $31 millones en actividades de coaching, además del uso de su imagen en plataformas institucionales y de un chofer para diligencias personales.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal informó que la causa quedó pendiente de resolución. “Certifico que esta causa, luego de la audiencia de alegatos de 07 de agosto de 2026 (…) queda en estudio”, señala el documento emitido por el organismo electoral.

De esta manera, los ministros del Tricel deberán analizar los antecedentes antes de adoptar una decisión. La sentencia se conocería dentro de los próximos 30 días. Orrego, en tanto, ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como “falsas” y motivadas políticamente.