Los ediles materializaron la acción ante el Segundo Tribunal Electoral tras los duros informes de Contraloría que acreditaron sobreprecios e irregularidades en la compra de un Cesfam
04 de junio de 2026
Las advertencias políticas se transformaron en un duro flanco judicial. Luego de haberlo anunciado formalmente en la sesión del concejo municipal del pasado jueves 14 de mayo, los concejales de Las Condes materializaron este miércoles el ingreso de un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano con el objetivo de inhabilitar a la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) para ejercer cargos públicos.
La acción fue patrocinada por un bloque transversal de ediles compuesto por Richard Kouyoumdjian (RN), Nayati Mahmoud (Frente Amplio) y Leonardo Prat (Independiente-Republicano). A través de un escrito de 55 páginas —que incorpora anexos y evidencias documentales—, los requirentes solicitan al tribunal especializado hacer efectiva la inhabilidad de Peñaloza Ramos para ejercer cargos u oficios públicos por el término estricto de cinco años, o subsidiariamente, que se le aplique una sanción compatible con su condición de exautoridad comunal por las faltas cometidas bajo su mandato, señala La Tercera.
Los argumentos de los ediles frente a las irregularidades del Cesfam.
La ofensiva de los concejales de Las Condes responde a los resultados de una serie de fiscalizaciones e investigaciones administrativas internas que fueron fuertemente empujadas por la actual alcaldesa, Catalina San Martín, en conjunto con miembros del concejo. Dichas indagatorias gatillaron un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, organismo que determinó la existencia de graves irregularidades en la adquisición de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) para la comuna, acreditando la existencia de sobreprecios sustanciales y la omisión deliberada de información financiera clave hacia el resto del cuerpo de concejales.
“Estamos siendo consistentes con lo que dijimos. Firmamos y presentamos el documento al Segundo TER para que siga adelante con los procesos legales correspondientes”, manifestó de forma escueta el concejal Richard Kouyoumdjian, validando la consistencia del bloque fiscalizador.
Por su parte, el edil Nayati Mahmoud (FA) enfatizó la urgencia de sentar un precedente ético, apuntando a que si funcionarios de menor rango ya han sufrido represalias, con mayor razón la exalcaldesa debe encarar el reproche de los tribunales. “Nuestra responsabilidad es asegurar que no exista impunidad. No podemos permitir que personas con estos antecedentes, que ya han sido comprobados por Contraloría, sigan siendo validados ni en lo electoral ni perdonados en lo judicial”, fustigó Mahmoud en el medio citado.
El debate sobre la responsabilidad post cese de funciones.
En lo medular del texto judicial, los requirentes acusan que Daniela Peñaloza protagonizó una serie de anomalías administrativas que transgredieron de forma abierta sus deberes y obligaciones como máxima responsable de la gestión municipal, configurando causales de notable abandono de deberes, faltas graves a la probidad administrativa e incumplimiento de deberes estatutarios.
El requerimiento aborda un punto jurídico clave: la vigencia de la responsabilidad administrativa una vez que un político deja el sillón municipal. El documento argumenta que Peñaloza debe responder penal y administrativamente por los hechos debido a que el sumario de la Contraloría se inició cuando ella ejercía en plenitud el cargo.
Fuente: ADN Radio