Hace 30 años se publicó la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que ha regido las elecciones en Chile desde el plebiscito de 1988. Desde su publicación, 30 leyes la han modificado. Las reformas más notables han sido la 20.568 de inscripción automática y voto voluntario (eliminó las juntas inscriptoras, creó el padrón electoral, fijó una pauta más clara para calificar los votos y agregó nuevas clases de apoderados); la 20.840 que sustituyó el sistema binominal por uno proporcional; la 20.900 sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (obliga a los candidatos a declarar su patrimonio e intereses, limita la propaganda electoral, facilita el acceso de la ciudadanía a denunciar infracciones, fijando un procedimiento sancionatorio a cargo del Servel) y la 20.960, que regula el derecho a sufragio en el extranjero. El mayor desafío de la legislación electoral es ampliar el acceso al sufragio. Esta última reforma entraña un avance significativo en ese rumbo, pero dejó lagunas como la propaganda y el gasto electoral. Un artículo 51 más flexible debiera permitir al Servel fijar circunscripciones en centros asistenciales o penitenciarios, con electores que quieren sufragar pero que están impedidos de abandonar dichos recintos. El voto electrónico es un gran reto para ampliar el acceso al sufragio, el cual debe permitir que un elector sufrague en cualquier local de votación. Esperemos que los legisladores estén a la altura de los desafíos que nuestra democracia requiere.

Juan Pablo Bravo Valdés
Abogado, experto en Derecho Electoral,
Autor del Manual de Derecho Electoral

Publicado en La Tercera, 9 de mayo de 2018.